Por Manuel E. Yepe
El 31 de agosto de 2016 será siempre recordado como el día de la afrenta contra la Constitución de la República de Brasil por la manera fraudulenta con que se burló en esa fecha la soberana voluntad de 54 millones de brasileños que refrendaron con su voto, apenas 2 años antes, la reelección como su legítima Presidenta de Dilma Rousseff. El juicio político en el Senado a que fue sometida Rousseff tuvo muchas características que añaden singularidad al proceso. Por ejemplo, el hecho de que la Jefa del Estado separada de su alta investidura no fue acusada de corrupción, malversación de fondos, ni otra forma de infracción criminal. La mandataria sólo fue acusada de haber firmado tres decretos presupuestarios con los que encubrió cuentas por pagar del Gobierno a fin de pedir a los bancos nuevos créditos sin haber restituido aún anteriores préstamos.
Calificar esta infracción como un “crimen de responsabilidad”, única acusación por la que un presidente puede ser sometido a un juicio de este tipo (impeachment) en Brasil, ha sido el tema principal de la discusión parlamentaria, escenario donde el Partido de los Trabajadores que respalda a Rousseff no tiene mayoría, pese a ser la formación política con más partidarios a escala nacional.
Sin dudas es contrastante que, sin estar Dilma formalmente acusada de corrupción, al menos 49 senadores de los 81 que han juzgado a la presidenta (un 60% del total de los senadores que la condenaron) sí tienen procesos pendientes con la justicia por delitos que van desde lavado de dinero, crímenes contra el orden financiero, corrupción y crímenes electorales. Se ha resaltado, además, que las acusaciones de corrupción afectan tanto a parlamentarios a favor del “impeachment” contra Dilma Rousseff como a quienes se han pronunciado en contra.
Según trascendió, cuando la senadora del PT Gleissi Hoffman dijo el jueves que el Senado brasileño “no tiene ninguna autoridad moral” para juzgar a Rousseff la frase cayó como una bomba, especialmente en un Senado al que se le acusa de “golpista” por aceptar un delito de maquillaje de cuentas como crimen de responsabilidad, algo nunca visto hasta ahora.
La actual ex presidenta Dilma Rousseff advirtió poco antes de conocerse el veredicto del tribunal a que la sometió el Senado Federal que la juzgaba en el proceso de impeachment, que Brasil, ha dado un paso que constituye una grave ruptura del orden constitucional y democrático porque, en un régimen presidencialista como el que tiene Brasil, la casación del mandato que le fue conferido en las urnas por más de 54 millones de electores no es una facultad de una mayoría parlamentaria; sólo el pueblo en las elecciones puede hacerlo. La defenestrada Jefa de Estado reafirmó ante el pleno senatorial al que se presentó para asumir su autodefensa en el juicio político que se le siguió que no cometió delito de responsabilidad alguno, por lo que -dijo- es acusada injusta y arbitrariamente, y aseguró que no luchaba por su mandato o por apego al poder, sino por la democracia, la verdad, la justicia y por el bienestar del pueblo. Insistió en que tiene la conciencia tranquila por el modo en que ejerció la Presidencia de la República.
Resaltó que lo que estaba en juego era el respeto a las urnas, la voluntad soberana del pueblo y la Constitución; las conquistas sociales alcanzadas en los últimos 13 años; la inserción soberana del país en el escenario internacional; la autoestima brasileña, y la defensa de los recursos naturales del país y su futuro.
Enfatizó que la élite conservadora brasileña quería el poder a cualquier precio y luchó con todos los medios para desestabilizar y desgastar a su gobierno. Los resultados de las elecciones de 2014 en la que ella fue reelecta constituyeron un duro golpe para ellos, que hicieron todo lo posible, primero, por impedir que ella tomara posesión del cargo y luego para imposibilitarle gobernar.
Refiriéndose al proceso de impeachment, señaló que éste fue abierto por chantaje explícito del ex presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha y ha estado marcado, de principio a fin, por un clamoroso desvío de poder.
Los pueblos de America Latina toda tienen muchos motivos para responder con intensa solidaridad a este golpe contra el pueblo brasileño. Si no fuera así, de poco valdría el resultado de la gestión de los gobiernos de Lula Da Silva y Dilma Rousseff, sus programas de salud, habitacional y otros que golpeaban el corazón de la desigualdad en América latina sacando de la extrema pobreza a millones de brasileños.
Ellos representaron iniciativas concretas y serias contra la hegemonía de Estados Unidos en el continente al asociarse con la India, Rusia, China y Sudáfrica en el grupo BRICS de países avanzados en la vía del desarrollo en demostración de un pleno ejercicio de su independencia política.
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