El Tribunal Oral Federal Nº 1 de la ciudad de Mendoza, integrado por los jueces Juan Antonio González Macías, Raúl Alberto Rodríguez y Alejandro Piña, dió a conocer los fundamentos del fallo que condenó a los genocidas Juan Agustín Oyarzábal, Celustiano Lucero, Eduardo Smaha Borzuk y Luis Alberto Rodríguez Vázquez por los delitos de lesa humanidad cometidos en aquella provincia durante la última dictadura militar.
Recordamos que la sentencia se dió a conocer en la audiencia celebrada el pasado 6 de octubre, en la cual también condenaron a 12 años de prisión al represor Dardo Migno y absolvieron a Paulino Enrique Furio.
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Fuente: CIJ (Centro de Información Judicial)
El próximo 7 de noviembre comenzará el juicio oral contra Luciano Benjamín Menéndez, ex - Jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, junto a otros seis genocidas, por los delitos cometidos contra 60 víctimas con la intervención del Tribunal Oral Federal en San Juan, integrado por los jueces Héctor Cortés, Raúl Furcade y Alejandro Piña, previéndose la declaración de cerca de 130 testigos.
Si algo faltaba, era el cinismo. El actual Director de Relaciones Institucionales del Gobierno de la Ciudad, Claudio Avruj, fue nombrado como Subsecretario de Derechos Humanos de la Ciudad.
Olga Salanueva, esposa de René, en declaraciones a la prensa cubana, afirmó que "René no puede recibir llamadas de ellos ni intercambiar correo”, tras la prohibición impuesta por el Gobierno de Estados Unidos (EEUU) y denunció que “se le prohibió establecer cualquier tipo de contactos con el resto de los cinco" antiterroristas cubanos con los que fue detenido en 1998.
Claudia Korol –inteligencia, abrazo, muerte al patriarcado, escritora, anticapitalismo, educadora popular, energía, composición humanista y libertaria en la noche del saqueo, rigor y método, ternura y combate- fue la coordinadora del Juicio Ético Popular a las corporaciones transnacionales que se realizó entre el 28 y 30 de octubre en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, sede Constitución, y en el establecimiento de Pañuelos en Rebeldía. La iniciativa fue impulsada por el Centro de Investigación y Formación de los Movimientos Sociales Latinoamericanos y el Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, junto a una gran cantidad de organizaciones sociales y agrupaciones en lucha de Argentina y América Latina.
Daroqui señaló que “hoy las transnacionales son un eslabón clave de las cadenas contemporáneas del neocolonialismo. Son operadoras centrales del extractivismo, del saqueo y destrucción de la naturaleza, y de la vulneración del derecho de las poblaciones. Es decir, significan saqueo y muerte. Sabemos que el capitalismo busca su reproducción permanente. Las investigaciones realizadas involucran a industrias cerealeras, petroleras, mineras, forestales, agropecuarias, de carreteras, energéticas. El resultado de cada informe y juicio habla de que seguimos transitando fuertemente por procesos de profundización de la desigualdad y la injusticia, aspectos constitutivos del capitalismo. La crítica universitaria devenida en política es un hecho que debemos exigir y ejercer. Exigir para que se ejerza y ejercer para ser parte de la lucha. Es cierto que muchos saberes originados en la universidad son ocultados para no tener conexiones con el movimiento social. Ese es un desafío: la articulación entre ambos espacios para que se produzca una potencialidad política que nos permita enfrentar el actual orden de cosas como militantes, como pensadores, como luchadores. Es imposible comprender el quehacer destructivo de las transnacionales sin la complicidad del Estado y los gobiernos.” 
Berta Cáceres, embajadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), también fue miembro del Tribunal contra las transnacionales. Berta comunicó que “en Honduras seguimos siendo testigos de la historia de coloniaje y de violencia contra la vida, contra los pueblos, contra las culturas, los bienes naturales, contra la felicidad, contra el derecho de hablar y pensar, de nuestras autonomías y autodeterminaciones, contra la soberanía y la misma dignificación humana. El sistema hegemónico de muerte ha demostrado que es capaz de todo. Incluso de dar golpes de Estado en pleno siglo XXI. ¡Vaya que nos parecemos en esta historia! Se legalizan los golpes de Estado y su impunidad. En Honduras las transnacionales han intensificado su actividad por medio de Tratados de Libre Comercio con EEUU, Europa, Canadá. Las corporaciones ya habían perdido mucho con la inclusión de mi país al Petrocaribe, al ALBA, como lo explicitaron la Texaco, la Esso, la Shell: hasta las comidas rápidas de McDonald's, Pizza Hut y Burger King, que no soportaban que se les pusiera impuestos y que, en consecuencia, daban la comida a la soldadesca que reprimía al pueblo. Asimismo, estaban enfurecidas las farmacéuticas porque Honduras iba a firmar un acuerdo con Cuba para el comercio de medicamentos genéricos. También la minera canadiense Entremares que financió el transporte para ‘la marcha de los blanquitos’ y la movilización del Ejército. Y tras el golpe estuvieron las hidroeléctricas gringas, alemanas, canadienses, que nos discursean con la mentira de la ‘energía verde’”.
Pérez Esquivel recordó que hace unos años fue convocado por el Secretario General de las Naciones Unidas para integrar una comisión internacional de investigación sobre el rol de las transnacionales en Sudáfrica y Namibia por los problemas mineros “en torno a la explotación de oro, diamantes, minerales estratégicos. Ahí se descubrieron las violaciones sistemáticas a las sanciones obligatorias en Sudáfrica y países que dicen defender los derechos humanos. Sabíamos que tres naciones iban a proteger las violaciones en Sudáfrica y Namibia: Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tenía 464 empresas en Sudáfrica; Gran Bretaña tenía 362; y 142 Alemania. Los ejércitos no violan los derechos humanos porque enloquecen. Tras ellos existen políticas estructuradas para la dominación de los pueblos. Las bases militares norteamericanas en nuestros continentes tienen objetivos muy claros. Y muchas veces a uno le duele que tantas organizaciones sociales piensen que esas cosas terminaron. Cuidado con esto. El caso del monocultivo de la soja no tiene que ver con el control de los agrotóxicos, sino que se trata de quién se queda con el pedazo más grande de la torta. Esa es la realidad. Es preciso hablar de la democracia de la tierra y los territorios. Porque, ¿qué significa la democracia?, ¿poner el voto en una urna cada tanto? La democracia es derechos e igualdad para todos. Mientras, el sistema jurídico criminaliza las protestas sociales. En Honduras, UNASUR se equivocó cuando reconoció la dictadura. ¿Somos coherentes o nos estamos engañando? Por otro lado, las Agencias Privadas de Seguridad se multiplican, son alquiladas por países y corporaciones, se entrenan en Gran Bretaña y Estados Unidos y son más fuertes que los propios ejércitos nacionales. Hace un tiempo, también, publiqué un artículo que se llamó ‘Los Barrios Privados’ de Tucumán. Nunca conocí lugares más privados de agua, de luz, de obras de asfalto. Y estaban llenos de seguridad policial, pero para asegurar que esos pobladores privados de todo no cuestionen a los pocos privilegiados. Es cierto. Hay avance en la conciencia colectiva, hay esperanza. Pero urge un salto cualitativo hacia la construcción social y política. Estamos rodeados de gobernadores que son señores feudales y que hacen lo que quieren, vendiendo el territorio nacional. ¿Cuáles son las alternativas sociales y políticas para enfrentar todo esto? Es un enorme desafío. Existe una gran potencialidad en América Latina de luchadores para construir una nueva sociedad. No creo más en las Naciones Unidas si no se democratiza. Ya hay 32 países en el mundo que no tienen agua. Pero ahora vienen por todo. Las bases militares que existen en América Latina no están para los desfiles. Hoy se encuentran muy entretenidos con Libia, con Irak, con Afganistán y todo el Medio Oriente. ¿Pero dónde están los recursos que las transnacionales requieren? En Latinoamérica. No estoy de acuerdo con políticas coyunturales implementadas sólo para recibir votos. Creo en los cambios estructurales. Y de la pobreza no se sale simplemente con subsidios. Se sale con propuestas de alternativas de trabajo y de lucha del pueblo”.
El pasado martes por la noche, el arqueólogo Daniel Loponte, investigador del CONICET y miembro del Instituto Nacional de Arqueología y Pensamiento Latinoamericano, fue escrachado mientras disertaba sobre "arqueología sudamericana" en el VI Coloquio Binacional Argentino - Peruano que se desarrollaba en la sede del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires.
El 19 de octubre de 2011 un helicóptero del ejército sobrevoló el Liceo Agrícola de Longotoma, en territorio rural de la Ligua, comuna de la región de Valparaíso. Al día siguiente, el 20 de octubre, en medio de un ejercicio de guerra, un grupo de la Brigada de Operaciones Militares que se desplazaba en la zona y a través de dos helicópteros aterrizó en el mismo colegio de secundaria. Esta vez, los uniformados apuntaron con armamento bélico a dos alumnos en práctica y un profesor.
El primero fue el de Elsa Pavón, una de las integrantes del grupo fundador de Abuelas de Plaza de Mayo y, según ella lo definió, "hermana por adopción" de Chicha Mariani. Durante su exposición, relató el secuestro de su hija, su yerno y su nieta en el marco del Plan Cóndor como también su búsqueda y el posterior encuentro con la abuela de Clara Anahí, Licha de la Cuadra, Eva Márquez de Castillo Barrios, entre otras, quienes fundaron las "Abuelas argentinas con nietitos desaparecidos", organización a través de la cual elaboraron una carpeta con los nombres de las criaturas, las posibles fechas de parto, los recorridos por los Juzgados de Menores y las entrevistas con autoridades de todo tipo. Manifesó que ello se iba realizando mientras se incrementaba la angustia, por cuanto los chicos iban creciendo y con ello, aumentaban las dificultades para su identificación; más aún, con aquellos que nacieron en centros clandestinos de detención.
Mediante un comunicado de prensa, Ademys anunció que convocó a un paro por 24 hs. para el próximo lunes 31 del corriente, invitando a acompañar esta medida de fuerza al resto de los sindicatos docentes de la Ciudad.
Los cánticos y contenida alegría de miles de argentinos, recibieron las sentencias condenatorias de 16 represores juzgados en la "Causa ESMA" (Escuela de Mecánica de la Armada). Se trata de una primera tanda integrada por los principales responsables de los secuestros, torturas y asesinatos de miles de ciudadanos durante la dictadura militar, entre ellos personajes como Alfredo Astiz, entonces joven oficial de marina que se inflitró entre las madres que comenzaban a movilizarse en la búsqueda de sus hijos desaparecidos. El fue responsable del secuestro y posterior asesinato de Azucena Villaflor, fundadora de la Asociación de Madres, y de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, secuestradas y asesinadas por los grupos operativos. 
El tribunal llegó a las sentencias tras dos años de juicio oral, pruebas, testimonios y también "chicanas" de los defensores que trataron de trabar o enredar el proceso. Transcurrieron más de 35 años de los hechos delictivos. Doce de los procesados fueron hallados responsables de los crímenes y delitos que se les imputaban y fueron condenados a cadena perpetua, la máxima pena que permite la legislación argentina. Ellos son los oficiales de la armada Alfredo Astiz, Jorge Acosta, Ricardo Cavallo, Jorge Radice, Adolfo Donda, Alberto Eduardo González, Oscar Antonio Montes, Antonio Pernías, Néstor Savio, y Raúl Enrique Scheller; el mayor del ejército Julio César Coronel y el oficial retirado de la Policía Federal Ernesto Weber, este último señalado como responsable del asesinato del escritor Rodolfo Walsh. A 25 años, Juan Carlos Fotea, sargento retirado de la Policía Federal y el contraalmirante retirado Manuel García Tallada. A 20 años, Carlos Capdevilla, médico y oficial de marina y a 18 años Juan Antonio Azic, suboficial principal retirado de la Prefectura Naval. Todos ellos integraron las denominadas "Fuerzas de tareas" y en el caso de Weber, oficial de la P.Federal, se lo sindica como "instructor" en el uso de la picana eléctrica para las torturas de los secuestrados. Fueron absueltos los oficiales de marina Pablo García Velazco y Juan Carlos Rolón, que continuarán detenidos porque tienen otros procesos pendientes. Estas sentencias no son el final de las investigaciones judiciales sobre la ESMA. El juzgado federal a cargo de Sergio Torres sigue investigando otros hechos (los "vuelos de la muerte" o el robo sistemático de bienes de los domicilios de los secuestrados). Un hecho destacable es que el tribunal formuló un pedido para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación promueva ante los organismos de Justicia Internacional la inclusión de la figura del perseguido político en el delito internacional de genocidio.
Una de las anécdotas que sintetiza el carácter histórico de la jornada que ayer (el miércoles) vivió Argentina, lo constituye la imágen de Lilia Ferreyra, que llegó a la sala de los Tribunales donde se leerían las sentencias guardando en su cartera el original de la Carta abierta a la Junta Militar que escribió y circuló horas antes de su secuestro y asesinato su compañero Rodolfo Walsh. En ese texto, el escritor denunciaba las tropelías de la Junta a un año exacto del golpe. Lilia describía que las sentencias eran una respuesta tardía al alegato contra los represores que Walsh escribió hace 34 años. Tiene razón.
